Jorge Daniel Rivarola y Guillermo Andrés Páez seguirán investigados por el homicidio de Mafalda Sánchez en Villa Mercedes, pero en condiciones distintas: el primero en libertad y el segundo cursando una prisión preventiva por los próximos cuatro meses. Ambos están sospechados de haber provocado la muerte de la mujer de 67 años en medio de un robo a su vivienda, pero según aclaró uno de los fiscales de la causa, aún no hay elementos de convicción suficientes para pedir el encarcelamiento de ambos, sin perjuicio de que ello pueda cambiar conforme avancen las averiguaciones.
Este jueves a media mañana se reanudó la audiencia de formulación de cargos que inició el martes pasado tras la detención de los involucrados, que tienen 31 y 42 años, respectivamente. La primera parte del acto procesal, en la que las partes expusieron sus fundamentos y pruebas del caso, tuvo curso sin presencia de la prensa para, según expresaron desde la Justicia, preservar a los testigos que intervinieron hasta ahora.
Los periodistas sí pudieron ingresar al recinto cerca de las 14:37, cuando el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, pasó a resolver la situación procesal de ambos tras escuchar a la fiscalía, representada por Maximiliano Bazla, Gastón Yllera y Gisela Milstein, al representante del particular damnificado, el abogado Emiliano Vera, y a la defensa, ejercida por los defensores oficiales Hernán Herrera y Ximena Bértoli.
La parte acusatoria hizo un repaso de las pruebas recabadas hasta el momento, como el análisis de filmaciones y la ampliación de testimonios, para sostener la acusación contra ambos, aunque luego de la audiencia, en una conferencia de prensa improvisada en los pasillos de los Tribunales mercedinos, Bazla aclaró que en el caso de Rivarola no “llegamos a tener el grado de convicción suficiente para decir y sostener que él era coautor del delito”.
No obstante, aclaró: “No hay grado de convicción suficiente y por eso no solicitamos la prisión preventiva, pero sigue siendo una persona de interés y, si en los próximos meses aparecen nuevas pruebas que lo vinculen, procederemos a pedir preventiva y, si lo desvinculan, pediremos el sobreseimiento pertinente”. En cambio, “sí llegamos al grado de convicción en referencia al señor Páez”, para quien la fiscalía solicitó el encarcelamiento por 120 días ante el peligro de fuga y/o entorpecimiento de la investigación o influencia sobre testigos.
En un comunicado, la oficina de prensa del Poder Judicial refirió que Vera adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y que remarcó los peligros procesales y los antecedentes previos de Páez. Por su parte, en un extenso, alegato según refirió la publicación, Herrera y Bértoli se opusieron a la formulación de cargos por considerar que no existen pruebas suficientes, que no fueron secuestrados elementos de interés para la causa y que tampoco están demostrados los requisitos necesarios para la calificación del hecho, que es la de “Homicidio en ocasión de robo”.
También que no existió una conexión entre las lesiones que constan en el informe médico legal y la causa de la muerte, que según la autopsia fue a raíz de un edema agudo de pulmón.
Un alivio
Para la familia de Rivarola, que durante los ocho días de prórroga de la detención llevaron adelante distintas manifestaciones en las que sostuvieron su inocencia, la resolución de Ortiz fue un alivio.
Temprano, María Eugenia Barroso y Pamela Rivarola, familiares del menor de los sospechosos, se encadenaron en las puertas del Poder Judicial para exigir la libertad de ambos. En la semana, en distintas declaraciones a los medios, las mujeres y su familia sostuvieron que ambos son unos “perejiles” y dijeron contar con pruebas de que los hombres estuvieron trabajando en el horario en que ocurrió el crimen.
“No tenemos ninguna entrevista a los compañeros de Rivarola que hayan venido a fiscalía y hayan dicho que estuvieron trabajando con él. No estoy diciendo que esas personas no lo hayan contado o que mientan. Puedo decir que de las personas que estaban con Rivarola el personal policial se entrevistó con tres y no lo ubican a él trabajando al momento de la ocurrencia de los hechos, por lo que sigue siendo una persona de interés para la causa”, mencionó Bazla.
Tras cumplir con algunos trámites de rigor, el sospechoso fue liberado por la tarde sin ningún tipo de restricciones o imposiciones legales.
Sánchez vivía en un monoblock ubicado a la altura de Chacabuco al 140, casi esquina Las Heras, en el barrio La Rioja de Villa Mercedes. El pasado lunes 4 de septiembre cerca del mediodía, dos personas que fingieron ser empleados de un servicio eléctrico ingresaron a su casa con la excusa de un arreglo y se habrían hecho de una lata que contenía ahorros de la mujer.