La protesta que los taxistas llevaron adelante en la sesión del pasado jueves en el Concejo Deliberante opacó la aprobación de un proyecto que busca beneficiar a los sectores más vulnerables de la ciudad. Por mayoría, se estableció la creación de tres registros municipales para la protección de los Derechos Humanos. Estos tendrán por fin que la Comuna resuelva las necesidades de los grupos afectados.
La propuesta obtuvo 7 votos a favor, del Frente Justicialista de Todos y Carlos Ponce (Identidad Popular), y 6 abstenciones por parte de Unidos por San Luis, Javier Suárez Ortiz (UCR-San Luis), Otoniel Pérez Miranda (PRO) y Ailén Chaine (Libres del Sur).
La iniciativa fue presentada por el concejal Alejandro Cordido, del bloque peronista, y analizada por la Comisión de Legislación e Interpretación, en donde se había emitido un despacho en mayoría. A su vez, contó con la asesoría del Consejo Municipal de Protección y Abordaje Integral de las Personas con Discapacidad, y académicos de universidades locales.
Producto del trabajo de comisiones en el proyecto original de un registro único inicial, se generaron tres: uno para personas “en situación de discapacidad”, otro para “personas con enfermedades crónicas no transmisibles y/o problemáticas de salud recurrentes”, y otro de “personas vulneradas en sus derechos fundamentales”.
Sobre la iniciativa
De acuerdo a lo que se resolvió en el recinto, el proyecto contempla que la inscripción será voluntaria; se tiene que trazar los datos personales y una descripción de la situación de vulnerabilidad.
En resumidas cuentas, contempla que la inscripción a los registros será voluntaria y deberán consignar datos personales y una descripción de la situación de vulnerabilidad, incluyendo barreras y/o situaciones que dificultan u obstaculizan el acceso a los Derechos Humanos fundamentales.
También se pide incluir aquellas necesidades vinculadas al desarrollo social, servicios públicos, atención estatal, infraestructura u otros aspectos del entorno próximo del domicilio de residencia y/o de los lugares o espacios que habite o desee transitar.
El Poder Ejecutivo municipal, por su parte, deberá contactar a la persona inscrita en un plazo no mayor a 15 días desde su inscripción con el objetivo de comenzar a gestionar y resolver las necesidades y planteos formulados, como asimismo las políticas públicas necesarias para cada caso.
“Celebro la participación y el debate porque nos permitió superar ampliamente el proyecto que se había presentado. Si bien el sentido era el mismo que finalmente hemos despachado, se ha precisado mucho más de lo que originalmente se contemplaba”, opinó Cordido, quien destacó que buscaron basarse en toda la normativa internacional, nacional y local referida a Derechos Humanos para la elaboración del proyecto.
La concejala Agustina Arancibia Rodríguez, de Unidos por San Luis, fue la encargada de explicar la abstención al proyecto que decidieron ella y el resto de la oposición. “Entendemos que no es necesario seguir generando instancias, otorgando recursos económicos. Además, el objeto del proyecto es demasiado amplio y ya hay organismos e instancias que se encargan de estas cuestiones”, explicó, pidiendo por una mayor articulación entre entes.