La mujer y su pareja son investigados por defraudación. Creen que hicieron para sí 126 transferencias.
Una mujer que hasta este año fue la secretaria general de un gremio con sede en Villa Mercedes es investigada por apropiarse de casi tres millones de pesos que pertenecían al sindicado que se suponía debía administrar y representar. Las fraudulentas maniobras por las que ella y también su pareja fueron imputados este miércoles consistieron en más de 100 transferencias bancarias que hicieron a lo largo del año.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal instructor Leandro Estrada contó que la investigación comenzó este año con la denuncia de la actual secretaria gremial del sindicato de los empleados de farmacias.
La denunciante manifestó que durante el presente año la imputada realizó “transferencias digitales y de manera ilegítima desde la cuenta corriente del sindicato a su cuenta personal y a la de su pareja” mientras se desempeñaba como secretaria sindical.
Los informes de la entidad bancaria indicaron que las operaciones de giro de dinero fueron 126 y que fueron efectuadas en diferentes períodos del año.
Estrada remarcó que dichas transferencias “fueron hechas en un marco de ilegitimidad, defraudación al patrimonio y exceso de función de cargo”.
De acuerdo a lo que explicó el representante del Ministerio Fiscal, para realizar tales operaciones los imputados utilizaron el token (dispositivo de seguridad que requieren algunas entidades bancarias) de otra persona, quien desconocía para qué era empleada dicha herramienta.
Los giros de dinero eran efectuados a través de un token (dispositivo de seguridad del banco).
Tales maniobras fueron advertidas por los miembros del gremio, quienes de inmediato solicitaron la rendición de cuentas e informes del banco. Después los integrantes de la comisión sindical procedieron a la desafectación y cesantía de la acusada.
A pesar de haberla desvinculado de la organización, la mujer habría hecho más transferencias.
El fiscal indicó que la exsecretaria tenía como función “la obligación de administrar con cautela el financiamiento del sindicato dentro de los límites legales de su mandato establecidos en el estatuto, y el hombre, su pareja, permitió y recibió transferencias conociendo el origen de las mismas”. Estrada precisó que el dinero que se giraron a sí mismos los acusados ronda los 2.900.000 pesos.
Por su parte, el abogado Flavio Ávila, en representación de los damnificados, subrayó que el uso del token de otra persona “perjudicó a todos los afiliados del sindicato, con el único fin de beneficiar a los imputados”.
Por todo ello, el juez Santiago Ortiz dio por formulados los cargos por “Defraudación por administración fraudulenta”.
El Diario de la República