La Provincia presentó el miércoles una apelación a la cautelar que dictamina la paralización de la obra pública y recusó a la jueza del Laboral Nº 2, María Eugenia Bona, para apartarla del caso. El fiscal de Estado, Roald Cattaneo, informó que se trata de una medida tomada por una postura política y basada en opiniones, más que por causas jurídicas reales y comprobables, y que la disposición afecta el pleno ejercicio de las funciones estatales y perjudica al crecimiento de la provincia.
“En el marco de un amparo que presentará el gobernador electo, Claudio Poggi, la jueza del Laboral Nº 2 dictó una medida cautelar paralizando la tramitación de toda obra pública. Ante esa situación, la Fiscalía de Estado como representante del Gobierno, apeló la medida cautelar”, explicó Cattaneo.
Indicó que el expediente estaba reservado, solo les llegó el oficio que informa las medidas tomadas. “Nos tuvimos que hacer parte a ciegas, porque no podíamos acceder al expediente. Nos habían notificado que se dictó una cautelar, pero no teníamos acceso. Ante esa situación presentamos un pedido para que se levantara la reserva, porque no podíamos apelar sin conocer el contenido”, remarcó.
“Inter se dicta la medida, nos notifican y demás, la jueza hizo una serie de declaraciones a medios donde hace algunas afirmaciones que consideramos que es un adelanto de opinión sobre el resultado del juicio, por eso la recusamos con causa, le pedimos que se aparte en el amparo y que lo remita al subrogante que le corresponda”, agregó.
Ayer, en el transcurso de la mañana, Bona remitió el trámite al Juzgado Laboral Nº 1, tras conocer la recusación a la que, además, rechazó. “El amparo no se resolvió y entendemos que ha hecho manifestación adelantando de opinión. Inter se tramite la recusación, el expediente del amparo continúa. Ahora, lo que se tiene que hacer, como está apelado, es proveerse y elevarse a Cámara Laboral para que expida sobre la apelación que planteamos a la cautelar dictada”, apuntó Cattaneo.
En lo relativo al recurso utilizado por la Fiscalía, Cattaneo recalcó que se trata de una medida necesaria, por parte del Estado, ya que la cautelar simboliza un perjuicio para la provincia al frenar obras de gran magnitud e importancia. Dijo: “La cautelar sigue vigente por más que se apele, hasta que no se resuelva. Las implicancias de esto son terribles. En la apelación lo decimos. Haciendo un análisis jurídico del tema, le quita la administración al Poder Ejecutivo, la jueza dice qué obra se puede hacer y cuál no. Es decir, hace una mala interpretación del poco derecho que invoca”.
“La jueza falla teniendo en cuenta nada más que el relato del amparista —Poggi—, no se prueba nada de lo que se dice, inclusive agrega una prueba, que es haber escuchado por televisión declaraciones de un político. En base a esto, ella infiere que se está gastando plata y que, al parecer, no está de acuerdo. Es un fallo que tiene un neto contenido político por parte de la jueza”, apuntaló.
En el caso de que se rechace la recusación, Bona podría volver a intervenir en la causa, caso contrario sería el Juzgado Laboral
Nº 1. “Procesalmente no sabemos todavía qué ha pasado, porque es un procedimiento que lleva su tiempo”, concluyó.