En Merlo los empleados municipales evalúan realizar medidas de fuerza esta semana para que la Comuna respete el acuerdo que suscribió con el gobierno provincial por el “Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza”. También reclaman por la reincorporación de un trabajador que fue echado días pasados porque participó de protestas ante la decisión de la Municipalidad. Señalan que al menos hasta la tarde del lunes el Ejecutivo municipal no había abonado el piso salarial de 300 mil, y solo había otorgado el 20 por ciento de aumento en los sueldos.
El malestar generalizado en los trabajadores se originó por la decisión del intendente de la villa turística, Juan Álvarez Pinto, quien adelantó que dará un bono de $120 mil en vez de los $300 mil acordados con el Ejecutivo puntano. Además, se estableció que este bono también sea percibido por los funcionarios, lo que no respeta los postulados básicos del convenio establecido con el Gobierno de San Luis.
El ministro de Hacienda Pública de San Luis, Eloy Horcajo, había adelantado la semana pasada que la Provincia girará el dinero a la localidad para que pueda afrontar el piso salarial.
Los trabajadores municipales no quieren el bono, sino que se respete el acuerdo original con el Gobierno. “Esta semana alguna medida vamos a realizar para que el Ejecutivo municipal respete el acuerdo firmado y que los empleados puedan cobrar los $300 mil como piso salarial”, precisó César Contreras, secretario gremial de la seccional Merlo de ATE y empleado del municipio.
Antes de firmar el acuerdo con la Provincia para conceder el beneficio económico de los empleados de la Comuna, el Municipio merlino había acordado un aumento del 50% (20% para octubre, 15% noviembre y 15% diciembre) y un bono para este mes de $120 mil, que incluía a los funcionarios. “Hasta las 14 de hoy (por ayer) el Municipio solo había depositado los sueldos con el 20 por ciento y el bono todavía no. Nosotros queremos cobrar lo que se firmó con el gobierno provincial”, detalló Contreras.
Indicó que por los reclamos, un empleado de planta permanente desde 2016 que se desempeñaba en el área de Bromatología fue despedido. “Participó con nosotros de las protestas de la semana pasada. Lo echaron sin causa y no le realizaron los procesos de sanción que corresponden. Le inventaron una causa. Esto es una desprolijidad total. Estamos haciendo las presentaciones legales para que lo reincorporen lo antes posible”, describió.
Entre las medidas de fuerza que se barajan para esta semana, el sindicalista adelantó que podrían realizar asambleas permanentes.
► Pedido de informe
El jueves pasado el Concejo Deliberante de la villa turística aprobó un pedido de informe para que la Municipalidad brinde precisiones sobre el “Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza” firmado con el Ejecutivo provincial. Buscan saber, entre otras cuestiones, cómo se aplicarán los fondos y cuántos empleados tiene la Comuna en planta permanente y contratados.
La solicitud, respaldada por unanimidad, fue una iniciativa del bloque justicialista, que igualmente estuvo consensuada con el resto de las bancadas del Legislativo municipal. “Con esta nota analizaremos qué pasó en Merlo, que es el único lugar en la provincia donde sucedió este conflicto por la evidente falta de diálogo que tiene el intendente con los trabajadores municipales”, precisó el concejal del bloque del PJ, Gastón Fonseca.
Los ediles pidieron una copia completa del acuerdo que firmaron Álvarez Pinto y el gobernador Alberto Rodríguez Saá. “Buscamos conocer cuál fue el alcance oficial del tratado, pero lo fundamental es conocer cómo lo van a implementar. Creo que una vez analizado, cuando lo tenga la comisión, nos permitirá hacer otro tipo de evaluaciones, porque estimo que el principal conflicto está por detrás de lo que se observa, más allá del poco diálogo del Municipio con los trabajadores”, detalló.
La nota también solicita que se aclare la cantidad de empleados que trabajan en planta permanente y cuántos son los contratados. “El principal problema es que no sabemos cuántos trabajadores tiene la Municipalidad. Lo único que podemos llegar a dilucidar es que, de acuerdo al Presupuesto 2023, en planta permanente está fijado que trabajan 363 agentes”, señaló Fonseca.
El edil estima que habría empleados que cumplen sus tareas de manera informal. “Creemos que hay muchos trabajadores en negro, quienes podrían ser contratados. Trabajarían por hora y no tendrían recibo de sueldo. Hay varias cuestiones irregulares”, manifestó.